En la Mira / Héctor Estrada... 

Confirma CNDH omisión y daño ambiental en Cañón del Sumidero

El añejo conflicto que vive el emblemático parque nacional Cañón del Sumidero ante las severas afectaciones provocadas por la empresa Cales y Morteros del Grijalva es un drama que parece transitar entre administraciones sexenales sin alcanzar una solución definitiva, incrementando el daño ambiental de consecuencias irreparables.

A la historia de esta vieja problemática, plagada de negligencias y complicidades, se sumó este fin de semana la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante las “omisiones de la Semarnat y del Gobierno de Chiapas para realizar las acciones necesarias para proteger el patrimonio cultural y natural del parque nacional y la salud de los habitantes de la región”.

La CNDH acreditó la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por lo que se llevó a cabo Conciliación con la Semarnat, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el gobierno del estado de Chiapas, que no fue atendida en su totalidad, por lo que se determinó la reapertura del expediente.

Señaló que, aun cuando se encuentra dentro de los límites del “Cañón del Sumidero” –declarado Área Natural Protegida (ANP) mediante decreto presidencial en 1980—, la empresa cuenta desde 1999 con Licencia de Funcionamiento expedida por la Semarnat, actualizada en dos ocasiones, a pesar que la legislación vigente prohíbe la realización de ciertas actividades productivas en la zona.

La CNDH advirtió además que, después de 38 años de la expedición del mencionado decreto, no se cuenta con el Programa de Manejo establecido en la normatividad ambiental mexicana. La empresa comenzó sus operaciones de explotación en 1963 y desde entonces se mantuvo trabajando solapada por los tres niveles de gobierno, que por omisión o conveniencia se hicieron de “la vista gorda” ante la evidente devastación.

Las afectaciones no son para menos. Desde 2003 se comenzó con la aplicación de estudios progresivos que demostraron los daños que se estaban provocando a esta área natural. Las denuncias mediáticas, las manifestaciones sociales y “declaracionitis” de incontables funcionarios en contra de Cales y Mortero del Grijalva se volvieron una tradición de cada año.

Según los expertos, el principal problema legal que ha impedido la clausura definitiva son los permisos otorgados previos a la legislación estatal que norma la extracción de materiales pétreos y al decreto del Cañón de El Sumidero como parque nacional en 1981, por lo que la empresa se había mantenido bajo un amparo legal que impedía el cese de sus actividades.

Aunado a esto y documentado por las propias autoridades de la Secretaría de Salud, durante las últimas décadas decenas de familias de la colonia Rivera de Cahuaré han padecido graves afectaciones de su salud; una situación que los motivó en más de una vez a tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa extractora.

Y es que, de manera silenciosa, desde a principios de 2010 la calera decidió iniciar el uso de la sustancia Pet Coke (compuesto señalado como toxico de acción lenta)  para agilizar los procesos de las calderas y así conseguir ahorros sustanciales en los gastos de operación por el uso de combustibles.

Fue en el mes de septiembre de 2011 cuando los habitantes del poblado interpusieron ante el Poder Judicial de la Federación la primera demanda colectiva en el estado de Chiapas contra la empresa Cales y Morteros del Grijalva, acusando daños a la salud, afectaciones a viviendas y perjuicios ambientales en la zona.

La demanda colectiva fue interpuesta por poco más de cien personas ante el Juzgado Segundo de Distrito de los Tribunales Federales con número de registro 000963/2011, en manos del juez Juan Manuel Vázquez Fernández; sin embargo nada se hizo al respecto.

Hoy se calcula que al menos dos mil 600 hectáreas han sido devastadas en su totalidad, una importante porción de la pared oriente  en la zona aledaña a la calera presenta profundas grietas visibles y miles de habitantes de la Rivera de Cachuaré padecen enfermedades crónicas provocadas por las partículas toxinas.

El caso de Cales y Morteros del Grijalva exige una solución inmediata para acabar de una vez por todas con un severo daño ambiental, resultado de complicidades y graves omisiones en los tres niveles de gobierno. Ojalá esta vez el asunto no vuelva a quedarse en una simple promesa que permita más años de devastación e impunidad… así las cosas.