DENUNCIA / “Pirataje”, un negocio millonario que marcha sobre ruedas

Hasta 110 mil pesos al mes generan por renta 10 permisos piratas para unidades de transporte colectivo de la ruta 68 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que en toda la capital el ilícito estaría generando ingresos por 20 millones de pesos en un acuerdo entre la Secretaría de Transportes y presidentes de cooperativas del transporte público en Chiapas.

En la ruta 68 que va del Centro de Tuxtla a la Colonia Ruiz Ferro, la cooperativa encabezada por Javier León habría dado de alta diez unidades que circulan con placas particulares y un ‘permiso especial’ de la Secretaría de Transportes.

Los permisos  son rentados a particulares por once mil pesos al mes, generando un ingreso de 110 mil pesos que según habría asegurado el presidente de la cooperativa, Javier León, se reparte en la Secretaría de Transportes y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Poder Judicial del estado de Chiapas, Guillermo Asseburg Archila, quien habría encabezado las negociaciones.

Así lo denunciaron los propios choferes y propietarios de concesiones, quien en voz de Rubén Martínez exigen a la Coordinación de Transportes Estatal realizar una revista y dar de baja estas unidades que compiten de manera desleal en la ruta.

Explicaron que las unidades piratas no cuentan con seguro de usuario, por lo que en caso de algún accidente los pasajeros no tienen ninguna protección jurídica o médica.

Detallaron que el presidente de la ruta, Javier León, prometió repartir el dinero pero no ha ocurrido, además los colectiveros nunca han estado de acuerdo, pues les ha bajado el número de pasajeros hasta un 30 por ciento.

Lo que quieren es una revisión del sector y si habrá extensión que se tome en cuenta a los trabajadores con más de 20 años de servicio y no a los pulpos del sector

El magistrado que habría operado los permisos, dijeron, tiene dos unidades a su cargo en la ruta.

Además estas irregularidades se están replicando en otras rutas, por lo que los ingresos generales podrían superar los 20 millones de pesos por concepto de la renta de estos permisos “piratas”.