En la mira / Héctor Estrada... Corrupción garantiza impunidad a feminicidas en Chiapas

No habrá “Alerta de Género” ni lucha ciudadana suficiente mientras los órganos encargados de impartir justicia en México sigan a merced de la corrupción. La sentencia emitida este lunes por la jueza Isabel Álvarez Ramos que dejó en libertad a Omar Fernando Rosales Toledano, feminicida confeso de la joven Viridians Flores Ramírez, ha sacudido con fuerza a la ciudadanía chiapaneca y a la ya de por sí débil credibilidad en las instituciones estatales.

Pero, ¿qué se esconde detrás de tan controversial caso? Se trata de un expediente que ha demorado más de cinco años y medio en resolverse, pese a la confesión del propio victimario. Las irregularidades y denuncias sobre los intentos para liberar a Rosales Toledano se han convirtieron en una constante desde el día de la detención.

Viridians Flores Ramírez fue asesinada en junio de 2013 por Fernando Rosales, ex secretario del senador del ex senador del PVEM Luis Armando Melgar Bravo. Después de quitarle la vida a Viridians, Omar y su cómplice Rudi Flores, arrojaron el cuerpo de la joven chiapaneca por el precipicio del Puente San Cristóbal.

Las pruebas parecían contundentes. Los dos habían confesado ante las autoridades el escalofriante asesinato que de inmediato indignó a Chiapas. No parecía haber duda sobre la inminente sentencia condenatoria, pero las argucias legaloides y las anomalías para brindar protección al ex secretario particular de Luis Armando Melgar e hijo de una “influyente” familia tamaulipeca se hicieron presentes.

En septiembre de 2014 el padre de la víctima dio a conocer que durante una visita al reclusorio para revisar el avance del caso se encontró archivos con su firma falsificada en favor del feminicida, además de la retractación de los testigos y documentos originales, sin el trámite correspondiente. Todo esto sustentado en expedientes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas.  

En ese entonces, el juez penal de “El Amate” Julio Cesar Morales Ríos intentó recrear los hechos con un cerdo para desmentir la narración de lo sucedido que señalaba directamente al asesino confeso. Ante las irregularidades, sospechas y la presión social el caso finalmente fue trasferido ese mismo año al Juzgado Segundo para continuar el proceso.

Pero la controversia se revivió en octubre del año pasado cuando el Juez Quinto de Distrito, José del Carmen Constantino Avendaño, concedió un amparo a Fernando Rosales. El amparo precisaba que, conforme al Derecho Humano a la Salud, las autoridades debían realizar “las gestiones administrativas y económicas y/o financieras para que de inmediato” se le brindara atención médica “integral y completa” a Omar Rosales por los dolores del nervio ciático y abombamiento discal (hernia discal) que lo aquejaba.

El amparo también abría la posibilidad de que fuera el propio procesado quien pagara los gastos médicos de su tratamiento, posibilitando la elección del centro médico de su predilección para proceder a su inmediata excarcelación, con vigilancia permanente. Así se mantuvo el feminicida “internado” por varios meses en el Sanatorio Rojas de Tuxtla Gutiérrez, fuera del reclusorio, con todas las comodidades de estar en un centro hospitalario privado.

Su regreso a las celdas fue muy breve, hasta este lunes pasado cuando finalmente fue liberado por la jueza Isabel Álvarez. A la jueza le bastaron tres horas aproximadamente para analizar el expediente y elaborar la sentencia que dejó en libertad al feminicida confeso. La audiencia de derechos estaba fechada para el pasado 28 de octubre a las ocho de la mañana. El procedimiento judicial demoró apenas tres horas y en menos de una hora Isabel Álvarez tenía ya elaborada la sentencia por escrito.

Fernando Rosales fue liberado ese mismo día, horas después, aún sin el engrose de la sentencia. Fue sacado del penal por la puerta trasera para evitar que los padres de Viridians pudieran confrontarlo, y la noticia se propagó de manera inmediata. Las críticas y señalamientos sobre el Poder Judicial y la Fiscalía General cayeron en cascada mediante las redes sociales y las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Alrededor de las siete de la noche el Consejo de la Judicatura anunció la suspensión de la Jueza, la secretaria de acuerdos y la actuaria involucradas en la sentencia, además del inicio de las investigaciones contra las tres para deslindar responsabilidades. Mientras tanto el feminicida se encuentra ya en absoluta libertad y su reaprensión luce aún más complicada.

Resulta evidente que fuertes intereses se esconden detrás del caso y la defensa de Fernando Rosales. La insistencia para brindarle protección, comodidades y su arbitraria libertad exponen un oscuro trasfondo que va más allá de los sobornos económicos. Mientras tanto, en Chiapas suman más de 28 feminicidios en lo que va del 2018 que se enfilan detrás de casos como el de Viridians a la espera de una justicia que parece verdaderamente lejana... así las cosas.