La promesa hecha por Manuel Velasco Coello sobre la aplicación de todo el peso de la ley contra cualquier funcionario público que malverse recursos o ayuda humanitaria destinada a los damnificados del terremoto sucedido el pasado 7 de septiembre es, sin duda, una buena intención que tendrá que ser demostrada con hechos tangibles, y bien podría iniciar con el esclarecimiento de los 80 millones de pesos “desaparecidos” con la extinción del Fondo Estatal de Atención a Desastres Naturales (FOEADEN).
La declaración hecha este martes por el mandatario chiapaneco suena a discurso superfluo, con franca carencia de credibilidad. Necesita de procedimientos concretos e investigaciones serias sobre hechos denunciados como la detención arbitraria de camiones repletos de víveres en las casetas de cuota que comunican con las zonas de mayores afectaciones o el presunto condicionamiento de la ayuda en lugares como Terán a cambio de entregar credenciales de elector.
La palabra empeñada por Velasco Coello es un compromiso coyuntural para una situación de desastre como la que vive Chiapas. La legalidad e impartición de justicia sobre las irregularidades en la administración de recursos (materiales o financieros) para la reconstrucción en Chiapas son temas de prioridad para la ejecución del proceso a fin de evitar que se repitan lastimosos episodios de corrupción.
Este mismo martes el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), entre otros, recorrieron algunas zonas damnificadas de la costa chiapaneca. Denunciaron que el puente de la comunidad El Fortín, en el municipio de Pijijiapan, registra fracturas y dos muros a punto de colapsar, sin que autoridades de Protección Civil prevengan ni evalúen aún los riesgos, pese a que la infraestructura es transitada por alumnos que acuden a una escuela cercana.
En Tonalá se tienen 4 mil 700 viviendas dañadas; en Arriaga, 4 mil 300; en Pijijiapan, 2 mil 100 y miles más en esa región de la costa, donde cientos de familias vulnerables se encuentran olvidadas por el gobierno, sin albergues, alimentos o atención médica. Las organizaciones puntualizaron que esa situación la están aprovechando aspirantes a puestos de elección popular “que reparten apoyos para ganar votos en 2018, como ocurre en el municipio de Jiquipilas, donde se condiciona la ayuda gubernamental y ciudadana y se entrega sólo a militantes del Partido Verde”.
En este mismo sentido, propietarios de camiones de acarreo de materiales de construcción acusaron a la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones de Chiapas de un presunto desvío de más de 90 millones de pesos en la remodelación de la carretera Ocozocoautla-Villaflores. Aseguraron que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso Estatal detectó irregularidades en 13 contratos por 90 millones 220 mil pesos por pago de obra pública.
A todo lo anterior súmele usted la falta de esclarecimiento oficial en relación al destino de los 80 millones de pesos que el Congreso de Chiapas extinguió junto al Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales en abril pasado. Ni la Secretaría de Hacienda ni el presidente del legislativo estatal, Eduardo Ramírez Aguilar, han salido a aclarar el destino final del millonario fideicomiso. Ese sería un buen punto de partida para que Velasco demuestre la palabra empeñada.
El escenario que hoy enfrenta la entidad chiapaneca es una buena oportunidad para que Manuel Velasco recupere al menos un poco de confianza y credibilidad que ha perdido durante los últimos años y seguramente no recuperará con publicidad a modo o campañas engañosas. El nuevo punto de partida que la situación ofrece al gobernador chiapaneco podría permitirle reivindicarse y concluir su administración con menos desprestigio del que ya arrastra… así las cosas.
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