Urge a Chiapas un Plan de Acción Interinstitucional contra la violencia feminicida: Olga Luz Espinosa

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 27 de enero de 2020.- Olga Luz Espinosa Morales, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, dio a conocer que ha presentado, junto a las diputadas Luz María Palacios Farrera, Aida Guadalupe Jiménez Sesma y Janette Ovando Reazola, un Punto de Acuerdo en donde se exhorta a la Secretaría de Igualdad de Género del Estado, a realizar las acciones pertinentes para crear un Plan de Acción Interinstitucional para la Prevención, Atención Sanción y Erradicación de la Violencia Feminicida en el estado de Chiapas.

“En el Congreso del Estado buscamos coadyuvar al trabajo que vienen realizando los colectivos feministas, diversas organizaciones y las propias instituciones. Nuestro objetivo es fortalecer la coordinación institucional y construir un plan de acción transversal, que permita al Estado en sus tres ordenes de gobierno, prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida que está lacerando el tejido social en la entidad”.

Espinosa Morales dijo estar confiada del respaldo que existe en el Congreso y del compromiso de sus compañeras y compañeros legisladores, así como el de la secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola, para que en unidad se consolide un enfoque preventivo a la violencia feminicida, y con ello se salvaguarde la integridad y la vida de las mujeres y las niñas.

“Estamos buscando, como diputadas y como mujeres chiapanecas, abonar a la consolidación del eje transversal a la igualdad de género que contempla el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. Por ello, es de suma importancia que se trabaje en la construcción de políticas públicas que sean garantes de los derechos humanos de las niñas y mujeres en Chiapas, y eso debemos hacerlo de forma urgente de la mano de la Secretaría de Igualdad de Género”.

La legisladora perredista expuso que Chiapas requiere de marcos normativos y políticas públicas con perspectiva de género que permitan fortalecer a las instituciones estatales y sus mecanismos de coordinación enfocada a los derechos humanos, partiendo de que existen aún vacíos grandes en cuanto a capacitación, especialización y sensibilización a los servidores públicos encargados de atender los casos de violencia contra mujeres y niñas.