El reciente caso del estudiante muerto al interior de la Escuela Normal Rural Mactumactzá parece haber reventado el hermetismo cómplice que las autoridades tenían sobre lo que sucede al interior de la controversial institución. Las “novatadas” extremas y demás prácticas al amparo de las autoridades universitarias son sólo la punta del iceberg dentro de un caso mucho más complejo de lo que parece.
El presunto homicidio calificado de José Luis Hernández Espinosa, como resultado de haber sido sometido a pruebas de sobresfuerzo físico que le provocaron fallo renal generalizado, ha saltado a los medios nacionales como uno de los casos más escandalosos. Sin embargo, el episodio que desencadenó la muerte de José Luis y el estado crítico de otros dos compañeros (Ulises Jiménez y Sergio Ballinas) no es nada nuevo.
Para nadie es un secreto que la Rural Mactumactzá ha estado inmersa dentro de la polémica y los señalamientos desde hace décadas. Forma parte de un grupo de 21 normales rurales en todo el país, caracterizadas por su participación constante en diversas luchas sociales, principalmente magisteriales, con clara formación basada en ideologías de movimientos revolucionarios del siglo IXX y XX.
Durante décadas fue y ha sido opción para estudiantes de escasos recursos que aspiran a la formación docente para llevarlas a los pueblos más marginados. Nadie niega la nobleza de su vocación real y le legitimidad de muchas de sus luchas. Pero también es honesto reconocer que el paso del tiempo la ha contaminado y secuestrado sus entrañas.
La Escuela Rural Mactumactzá se ha convertido en una institución donde la autoridad universitaria ha sido rebasada, maniatada, despojada del poder, expulsada y hasta impuesta por un consejo estudiantil sobreempoderado durante años por la injerencia de aliados e intereses externos que ya nada tienen que ver con la formación profesional de las y los estudiantes normalistas.
La muerte de José Luis Hernández es sólo la muestra más reciente y escandalosa de lo que ha sucedido durante años. Las historias de estudiantes, docentes y padres de familia inconformes por las prácticas autoritarias del consejo estudiantil han sido acalladas brutalmente por el temor y represión latente. Se han transformado, al interior de la institución, en un poder hegemónico como el que tanto aborrecen.
Según investigaciones hechas por la revista Proceso y el periodista Isaín Mandujano, el caso de José Luís, Ulises y Sergio no es un hecho aislado. A mediados de 2017 algo muy similar le ocurrió a la joven Mónica Anahí Ramírez Pérez de 17 años quien, según declaraciones de sus propios padres, murió de problemas renales tras haber sido sometida al mismo “curso de inducción” o “novatada” que provocara la muerte de José Luis este año.
Pero los excesos han ido más allá. En noviembre de 2016 fueron cesados de manera intempestiva más de 66 trabajadores, muchos de ellos con más de 20 años de antigüedad laboral. Representaban más del 90 por ciento de la plantilla. Sólo conservaron sus puestos el director Conrado Borraz, el subdirector Horacio Meléndez y dos profesores más que han mantenido acuerdos de complicidad con el consejo estudiantil.
El resto, que se negó a aceptar las condiciones del director y el consejo estudiantil para incrustar en la platilla docente a amigos y recomendados de ambos, fueron acusados de “charros” y expulsados de la escuela sin mayores explicaciones, ante la inacción de las autoridades educativas estatales que simplemente prefirieron guardar silencio o indiferencia como lo han hecho durante los últimos años.
Y no se equivoquen; esta vez las críticas que ahora caen en cascada no tienen relación alguna con las luchas educativas o el reclamo legítimo de los derechos estudiantiles, tienen que ver con excesos indefendibles que deben detenerse ya. Las escuelas rurales son mucho más que centros formadores de insurgentes, donde se prepara a los estudiantes para enfrentar represiones policiacas en las manifestaciones. La escuelas normales rurales, como instituciones educativas, tiene una vocación más noble e inspiradora que esa.
Es momento de la autocritica profunda para quienes ahora ven a una agrupación estudiantil aliada ante el escrutinio público. ¿Si los hechos hubiera sucedido en otra institución educativa la reacción de las autoridades y organizaciones aliadas hubiera sido la misma? Evidentemente no.
Las autoridades han actuado con temor en un caso que requiere posturas contundentes. No se puede salir a medios a llamar al “diálogo y la conciliación” cuando una persona murió y dos personas más se debaten entre la vida y la muerta por algo sucedido dentro de una institución pública de nivel superior. Tampoco se pude salir a pedir que no se aplique el estado de derecho y se deje el asunto para que se resuelva de manera interna, como lo señalaron integrantes del SNTE.
Es innegable que en la Escuela Normal Rural Mactumactzá ha habido omisión de la Dirección por permitir ese tipo de “cursos de inducción”. Es innegable que el director no ha cumplido con sus obligaciones, ha solapado prácticas irregulares que han puesto en riesgo la seguridad del estudiantado, por lo que debe ser cesado de manera inmediata.
Más allá de las afinidades o afectos, de luchas magisteriales en las calles, plazas o cualquier espacio público, lo que sucede dentro de la Mactumactzá sí tiene responsables directos que deben pagar las consecuencias legales de sus actos. Las investigaciones judiciales deben ejecutarse sin temores para fincar responsabilidades penales a los autores directos y las consecuentes expulsiones definitivas contra los cómplices, tal y como se haría en cualquier otras institución.
No señores; la solución no es cerrar la Mactumactzá como muchos exigen ahora, la solución está en recuperarla, devolverle el orden y reencauzarla a su vocación de origen por el bien de Chiapas y de los que más necesitan de una institución formadora como esa… así las cosas.
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