- Por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), detienen a tres presuntos responsables.
Con el apoyo de las cámaras de vigilancia del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicación y Cómputo e Inteligencia (C4i), Elementos de la Policía Estatal Preventiva en coordinación de la Policía Ministerial, dieron seguimiento a una denuncia sobre la presencia de una persona con un arma de fuego en el bar el “Maguey” localizado en el municipio de Villafores.
Afuera del lugar, fue sorprendido Jovany “N” de 35 años de edad, a quien se le aseguro una pistola tipo escuadra calibre 32mm , un cargador, dos cartuchos útiles y un vehículo marca Ford tipo Mustang sin placas de circulación en el que intentaba darse a la fuga.
En otra acción realizada en la ranchería Santa Anita del municipio de Acacoyagua, fue detenido Humberto “N” de 48 años de edad, quien fue denunciado por las lesiones provocadas con arma de fuego a una personas del sexo masculino y el homicidio a su cónyuge.
La última detención se realizó en el municipio de Tapachula, derivado de una denuncia al número de emergencia 911.
La presencia de los cuerpos de seguridad en el lugar señalado, permitió la detención de Edy “N” de 30 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos útiles.
Cabe destacar, que en los tres hechos las personas no contaban con el permiso correspondiente para la portación de arma de fuego, además de que una de las armas es de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que las personas, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentran bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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