Entre la contingencia epidemiológica por el Coronavirus, que ha acaparado la atención casi absoluta de la ciudadanía y los medios de comunicación, otros temas de suma relevancia han transitado en las sombras. Es el caso de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la omisión de ayuntamientos y dependencias ambientales de los tres niveles de gobierno por la contaminación del río Suchiapa.
El documento que confirma el constante derrame de contaminantes a tan importante afluente fue publicado el pasado 19 de marzo sin que cobrara la relevancia que merece. Y es que, durante los últimos siete años, pobladores, organizaciones ambientalistas y especialistas habían estado denunciando la situación sin que ninguna autoridad interviniera con la aplicación de estudios o posturas oficiales al respecto.
No se trata de un asunto menor. El episodio más alarmante del caso sucedió el pasado 14 de mayo de 2017 cuando habitantes del poblado Pacú denunciaron la repentina aparición de numerosos peces muertos entre las aguas del río. De acuerdo al dictamen de lo sucedido, como resultaba evidente, la muerte masiva de peces fue consecuencia de la intoxicación provocada por los contaminantes arrastrados dentro del afluente.
Los indicios de contaminación comenzaron a resentirse desde que parte de las aguas residuales del fraccionamiento Real del Bosque empezaron a ser derramadas de manera irregular sobre las márgenes del arroyo Sabinalito del río Suchiapa. Sin embargo, los crecientes escurrimientos y filtraciones emanadas desde relleno sanitario de la empresa Veolia han empeorado la situación de forma acelerada, elevando los niveles de riesgo como nunca antes.
El grupo ciudadano “Salvemos al Río Suchiapa” ha realizado la documentación de casos sobre posibles afectaciones a la salud de habitantes del poblado Pacú por la contaminación del río. De esta manera, aunque aún no se ha concluido el concentrado de información y cotejo con los datos de los familiares y la Secretaría de Salud, han adelantado que hasta el momento se tienen detectados al menos ocho casos sospechosos de personas fallecidas a consecuencia de cuadros cancerígenos.
La situación en la cabecera municipal no es muy distinta. En ese sentido, Blanca Nidia Vicente Ribera, bióloga y representante de “Nimalari, Ecocultura Sustentable Asociación Civil”, ha denunciado reiteradamente que en Suchiapa el 90 por ciento de la población se abastece de los cárcamos que se surten del río, lo que complica la situación debido a que el único tratamiento previo que se le da al agua para consumo doméstico es la simple cloración.
Y es que, la zona donde se encuentra el relleno sanitario de Veolia (Proactiva) tiene conectividad con el río Suchiapa y sus escurrimientos van directo al afluente, arrastrando las fugas de lixiviados que son metales pesados, concentrados venenosos, principalmente de mercurio y bencenos.
De acuerdo al último estudio realizado por la empresa “Laboratorios ABC” a los mantos acuíferos del predio San Martín Mujular, colindante con el Relleno Sanitario de Tuxtla Gutiérrez, en el perímetro de mayores filtraciones, se confirmó la presencia de metales altamente tóxicos como mercurio, aluminio, cromo, arsénico, cobre, magnesio y zinc, además de diversos plaguicidas y herbicidas; justo en la zona donde se ubican los principales escurrimientos pluviales hacía el río Suchiapa.
En ese entonces (mayo de 2014) el laboratorio bajo registro de la Secretaría de Salud 350972-1 advirtió que la cantidad de bacterias, así como de fierro, magnesio, cloruros, nitratos, nitritos y nitrógeno amoniacal, se encuentran encima de los límites permitidos por la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1, significando un evidente riesgo salubre para la interacción humana y el entorno natural de la región. Y hoy las circunstancias podrían estar mucho peor ante la omisión gubernamental y la imparable contaminación.
Finalmente, el 19 de marzo pasado la CNDH confirmó que las autoridades municipales de Villaflores, Ocozocoautla, Suchiapa, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez han incumplido los criterios de disponibilidad y accesibilidad a los servicios públicos básicos de drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, así como de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.
En el documento, también dirigido a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), señala además la insuficiencia de medidas de vigilancia y la consecuente imposición de medidas sancionatorias que han conllevado a la contaminación del río Suchiapa, poniendo en riesgo la salud del ecosistema, la biodiversidad y de la población.
El asunto, que por fin ha alcanzado instancias nacionales, amenaza con cobrar mayor relevancia durante los siguientes meses. Y es que, se trata de un problema de alarmante contaminación que tiene implicaciones directas en las actividades agricolas que suministran de alimentos, animales para consumo y agua de uso doméstico, para miles de habitantes que, en la mayoría de los casos, desconocen del riesgo en que viven… así las cosas.
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