Después de que estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) anunciaran -casi de manera simultánea- un paro estudiantil en protesta por las omisiones cometidas al interior de la propia institución contra Mariana Sánchez, la rectoría universitaria ha salido con la “brillante idea” de convertir la protesta en un proceso de “reflexión institucional”, para finalmente diluir el verdadero sentido del acto.
Mediante un oficio y de manera muy poco sutil, la Autónoma de Chiapas terminó por desarticular la huelga estudiantil, programada para este 2 de febrero, que se había generalizado con el paso de los días. El documento firmado por la secretaria Técnica, Leticia del Carmen Flores Alfaro, informó a todo el personal que las labores académicas serían “reorientadas (suspendidas) a partir del martes 2 de febrero, hasta nuevo aviso, para dar paso a un periodo de reflexión y diálogo”.
El objetivo, según el propio documento, es “acelerar los cambios que la institución ha iniciado”, además (como elemento adicional, no prioritario) de “discutir y proponer el rumbo que la institución deberá adoptar ante las violaciones a los derechos humanos cometidas” contra integrantes de la misma comunidad universitaria. Ni más, ni menos.
¿A quién se le ocurrió tan “oportuna” idea? ¿quién asesora al rector para proponer semejantes salidas a la problemática? Y es que, si la intención original (que resulta bastante dudosa) fue hacer realmente hacer una pausa legítima ante la situación interna, la decisión apesta a un claro acto de sabotaje contra la protesta estudiantil.
Se necesitaría ser muy “inocente” para no darse cuenta que programar una suspensión de labores académicas, de manera indefinida, para la misma fecha en que estaba programado un paro estudiantil desarticula la intención real de protesta. Se trata de un acto de evidente insensibilidad, falta de sentido común o, de plano, malicia pura.
La rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas no tiene absolutamente nada que reflexionar. Ha tenido años para hacerlo con todos los antecedentes de violencia de género al interior o fuera de la institución, y más de cinco días desde que finalmente Mariana fue encontrada muerta en Nueva Palestina. Lo que la universidad necesita es actuar al respecto, asumir sus errores públicamente, castigar a los responsables y dar la cara.
Qué tanto necesita demorarse la rectoría para dar con los primeros responsables directos de lo sucedido desde hace dos meses con Marian Sánchez. El organigrama de responsabilidades es bastante claro y la cadena de atención primaria a los estudiantes también. Alguien no hizo su trabajo, desconoce lo que sucede bajo su cargo o simplemente fue omiso ante la situación de alto riesgo que le fue reportada.
Las autoridades universitarias saben perfectamente cual es su obligación prioritaria en este tipo de casos: garantizar el bienestar de sus estudiantes en el desarrollo de sus etapas de preparación profesional. Lamentablemente Mariana ha mostrado, de la manera más dolorosa, que no se ha cumplido con ello. No se necesita mayor reflexión para saberlo. Sobre todo, a la hora de negociar los espacios para el envío de las o los estudiantes al internado o servicio social.
Hoy la Universidad Autónoma de Chiapas está obligada de manera inmediata a reconocer sus deficiencias, iniciar los procesos administrativos contra los implicados, permitir que los actos de protesta estudiantil se desarrollen sin sabotajes disimulados y suspender sin miramientos los programas de internado o servicios social en lugares donde no se tengan garantías de seguridad para sus estudiantes… así las cosas.
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