En la Mira / Héctor Estrada... Silencio gubernamental solapa aumento al pasaje en Chiapas

Los días pasan y los operativos para detener el arbitrario aumento al pasaje del transporte público brillan por su ausencia. El silencio y la omisión de la Secretaría de Transportes en Chiapas no sólo han dejado en el desamparo a miles de usuarios que diariamente tiene que lidiar con los choferes de las unidades, sino también han fortalecido los rumores que aseguran la complicidad de las autoridades con el irregular reajuste.

Si bien los argumentos para justificar un incremento tarifario pueden tener bases sólidas, las formas en que se ha intentado aplicar el reajuste son inaceptables. La Secretaría de Transportes ha asegurado a medios de comunicación que el aumento no está autorizado, pero ha permanecido inerte antes el reclamo y la desesperación ciudadana debido el presunto abuso cometido por los concesionarios del transporte.

La situación ha enfrentado a la ciudadanía a aseveraciones contradictorias. Por un lado las autoridades asegurando (de manera no oficial) que no hay autorización alguna y por el otro lado los concesionarios garantizando la existencia de un acuerdo, pero sin documentos que los respalden. Mientras tanto son los miles de usuarios quienes diariamente han estado pagando la factura de semejante arbitrariedad.

Los días siguen transcurriendo y la inacción gubernamental dan fuerza a los rumores que aseguran la existencia de un turbio pacto entre el gobierno de Manuel Velasco Coello y la concesionarios para que los transportistas aplicaran el incremento, aún sin anuncio oficial. El supuesto trato era dejar que sucediera, sin la aplicación de operativos, para normalizar el reajuste de manera paulatina sin que el gobierno asumiera los costos de haber autorizado públicamente el aumento tarifario.

Suena tramposo, irresponsable y, lo peor de todo, no tan descabellado. Sin embargo,  para mala suerte de los concesionarios, haya existido o no el alegado acuerdo, mientras no haya documento oficial el aumento es ilegal por el ángulo en que quiera verse. La ciudadanía no está obligada a pagar la nueva tarifa y cuenta con todos los argumentos para denunciar cualquier abuso emanado de los concesionarios o los propios choferes de las unidades, que si bien sólo hacen su trabajo, también asumen responsabilidades legales.

La Secretaría de Transportes, en voz de su titular, Mario Carlos Culebro Velasco, está obligada a dar la cara y aclarar la situación. Su sospechosa demora para poner un alto a la incertidumbre ha rebasado los límites de lo tolerable. Mario Carlos Culebro debe dar inmediatas explicaciones a lo que sucede para validar el incremento o poner un inmediato alto al arbitrario incremento tarifario que muchas rutas han decidido aplicar desde hace días.

Las autoridades estatales están obligadas a hacer valer el marco de derecho y defender los intereses de la ciudadanía, de lo contrario estarían incurriendo en omisiones que también tienen responsabilidades jurídicas. Culebro Velasco no puede continuar en la misma tesitura de complicidad omisa. La ciudadanía debe exigir el trabajo de los servidores públicos encargados del asunto o su renuncia por ineficiencia. Por cualquier queja quedan a su disposición los teléfonos de la dependencia: 61 1 19 19 y el 01 800 999 99 74… así las cosas.