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domingo, 28 de agosto de 2022

CHIAPAS / Chiapas es sublíder en tráfico de personas y carpetas de investigación

Sólo por debajo de Nuevo León.


Junto con Nuevo León, y Veracruz, Chiapas es de los estados con mayor actividad por parte de las redes de traficantes. En lo que va de 2022, el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a 19 mil 723 migrantes.
Chiapas es puerta de entrada a México. Los migrantes utilizan este paso obligado provenientes de sur y centro América. Veracruz es el plan N. Nuevo León es paso obligatorio para llegar a la frontera norte. Entre los tres estados concentran la mayoría del tráfico de migrantes en el país.
De 2018 a la fecha, han sido rescatadas 77 mil 498 personas de las redes de traficantes durante la actual administración.
En el desglose de esta cifra, en 2018 fueron rescatadas 533 personas; 2019, 22 mil 189; 2020, 6 mil 249; 2021, 28 mil 804 y en lo que va de 2022, 19 mil 723.
La FGR dio a conocer que, de diciembre de 2018 a agosto de 2022, se han iniciado 4 mil 707 carpetas de investigación.
El mayor número se concentran en los estados de Nuevo León con 858; Chiapas, 729; Veracruz, 649; Tabasco, 510; Oaxaca, 315; Tamaulipas, 251; Coahuila, 236; Estado de México, 229; Chihuahua, 224; Baja California, 190; Puebla, 144; Tlaxcala, 59; Sonora, 52; Hidalgo, 38; Zacatecas, 37; Quintana Roo, 35; Ciudad de México, 30.
Le siguen Querétaro con 26 carpetas de investigación; Guanajuato, 23; Durango, 22; Aguascalientes, 20; Campeche, 13; Baja California Sur, 6; Yucatán y Guerrero, 4 respectivamente; Jalisco, 2; y Colima, uno.
Igualmente, 2 mil 286 personas han sido judicializadas por tráfico de personas, se han realizado 2 mil 31 detenciones legales, mil 653 han sido vinculadas a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas han sido sentenciadas.
Hay tres grandes obstáculos para lograr detenciones, vinculaciones y sentencias contra los traficantes de personas. El primero es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes, ya que cada día los tribunales ponen mayores exigencias para que una intervención de una autoridad administrativa o de seguridad pública genere una legal detención.
Segundo, la falta de imputación y colaboración de las víctimas, ya que los juzgadores, a pesar de la vulnerabilidad de las víctimas, piden que éstas hagan imputaciones directas. Y tercero, la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo que se cifra en dos elementos del tipo penal: la comprobación del lucro y la intención de la evasión de la revisión migratoria.

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